Rafael Guarín April 27 at 4:13pm

27 de abril de 2009

RAFAEL GUARÍN

Se cumplen 15 años del acuerdo que permitió la desmovilización de cerca de 650 integrantes de la Corriente de Renovación Socialista. La decisión de abandonar la violencia no fue fácil. La separación de la Corriente del ELN fue el primer paso. El ‘Cura Pérez’ no hacía la misma evaluación de la coyuntura que planteaban quienes abogaban por el diálogo con el gobierno. Esa situación implicó que el ELN encargara a Felipe Torres, responsable de la Escuela de Mandos Militares Urbanos, ordenar el fusilamiento de los tres voceros de la Corriente; orden que efectivamente cumplió, aunque no lograron asesinarlos

Además de una nueva valoración política, dos fueron los elementos fundamentales para dejar las armas. Primero, como lo señala Fernando Hernández, uno de los voceros, el reconocimiento que “el ciclo de la guerra revolucionaria en Colombia… se había agotado con la derrota estratégica que significó el derrumbe del socialismo real en 1989”. Luis Eduardo Celis, ex militante de ese grupo, lo dice de otra forma: “las armas ya eran un estorbo para la acción política”, “el anhelo de la sociedad no era la guerra” y” la gente no se iba a volcar a la insurrección”. Es decir, concluyeron que el proyecto armado había perdido sus referentes y no tenía viabilidad.

Segundo, la contundencia de los golpes propinados por las fuerzas militares fue definitiva para que la organización decidiera desmovilizarse. En la Corriente existieron quienes apostaban por continuar la “lucha armada” y ensayar un nuevo proyecto guerrillero. No es cierto que desde el principio todos se allanaran a entregar las armas, por el contrario, la discusión interna fue pugnaz. A la facción recalcitrante la convenció el debate y constatar que carecían de posibilidad militar alguna. Hernández cuenta que en “los primeros meses de la Corriente, recibieron golpes militares fuertes que llevaron a pensar que contraatacar era imposible. No tenía ningún sentido”.

Alguna vez León Valencia, ex guerrillero de ese grupo, me contó que los procesos de los años noventa se caracterizan porque desde el principio el M19, el PRT, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista se plantearon un “final cerrado”. Llegaron a la mesa a entregar las armas, desmovilizarse y convertirse en una opción democrática. Esa es precisamente la clave del éxito de los procesos con los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, también para entender el fracaso de los diálogos con las Farc.

El Secretariado mantiene incólume la fe en la violencia. Los contactos con los gobiernos los emplea para conseguir legitimidad política, difundir su mensaje y avanzar en la preparación de la insurrección. Ni en la administración de Belisario Betancur y mucho menos en la de Andrés Pastrana existió el final cerrado al que alude Valencia. Por el contrario, cada oportunidad de diálogo se adecuaba a la ejecución de su plan estratégico.

Eso parece no haber cambiado un ápice, a pesar de los resultados de la Política de Seguridad Democrática. Sin la voluntad previa e irreversible de las guerrillas de abandonar la violencia es imposible que el dialogo lleve a la paz. Con el IRA se consiguió el Acuerdo de Viernes Santo en 1998 cuando el grupo por fin optó por cesar la violencia. Con ETA ninguna iniciativa de negociación ha funcionado, a pesar de las treguas, porque nunca ha tomado la determinación de renunciar al terrorismo.

La lección que deja la Corriente es que dialogar con la guerrilla es útil únicamente cuando ha resuelto dejar las armas y reintegrarse a la sociedad. Tal decisión depende de la valoración que hacen los terroristas de la posibilidad de lograr los objetivos de su proyecto en materia política como militar. Por tanto, el aislamiento político y el rechazo ciudadano a las Farc y el ELN deben enfatizarse, al igual que aumentarse la presión militar para doblegar la voluntad de lucha de esas organizaciones.

Aunque no hubo ni verdad, ni reparación a las víctimas de la Corriente, sí se avanzó en la aplicación de justicia. Según la Corporación Nuevo Arcoiris, que agrupa a los ex militantes del grupo guerrillero, actualmente 22 de sus miembros están en las cárceles por crímenes de lesa humanidad. Estamos a tiempo para que le cuenten la verdad a Colombia sobre sus delitos y quiénes desde la legalidad hacían parte de la organización, eran sus cómplices o auxiliadores. Esa verdad aún no se ha dicho.

Nota: Esperemos que con la captura del senador Juan Carlos Martínez comience a limpiarse la política en el Valle del Cauca. Pregunta: ¿Y de la farcpolítica qué?

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